Un 24 de junio del año 1989, la ciudad de Talca fue escenario de uno de los crímenes más sangrientos y recordados de las últimas décadas en nuestro país. Luego de eso, el país fue testigo de una irregular investigación, que terminaría trayendo consigo procedimientos ilegales, extorsión e inocentes que serían declarados culpables. Más de tres décadas después, aún se espera verdad y justicia por el asesinato de María Soledad.
El 25 de junio de 1989, un grupo de niños que jugaban en las cercanías del Canal Baeza se encontrarían con el cuerpo sin vida de María Soledad Opazo, quien por entonces tenía tan sólo 19 años. De esta forma se descubría uno de los crímenes más horrendos de Talca y el comienzo de un verdadero puzzle policial debido que, hasta el día de hoy, aún no hay justicia. El día del asesinato coincidió con la noche de San Juan donde, según cuentan algunos testigos, en horas de la noche María Soledad regresaba a su casa desde una fiesta, momento en que fue perseguida y hostigada por tres sujetos que estaban en un vehículo. Inexplicablemente estas personas la agreden y comienzan a apuñalarla en reiteradas ocasiones. Luego de ello, era lanzada desnuda al Canal Baeza con el objetivo de eliminar la escena del crimen.
Gladys, madre de María Soledad, en una entrevista con un canal de televisión (2014), comentó que el día 25 de junio en la mañana se dirigió a un almacén, como lo hacía de forma cotidiana. En este lugar escuchó rumores de un asesinato que había ocurrido durante la noche en el puente La Calchona. Ella dice que, al enterarse de estos rumores, tuvo una pequeña intuición de que la víctima podría ser su hija María Soledad, noticia que posteriormente sería confirmada por una vecina del sector.
Este crimen se convirtió en el foco de atención tanto de los vecinos y vecinas de la ciudad de Talca, como también de los medios de comunicación locales y de alcance nacional. Sobre esto, fue Diario El Centro uno de los principales medios que siguió paso a paso lo que ocurría con una investigación de asesinato que con el pasar de días, semanas y meses no arrojaba responsables.
A pesar de la complejidad que caracterizó a este crimen, la presión mediática y ciudadana por una pronta solución investigativa tuvo sus «primeros resultados» medio año después. En enero de 1990 eran detenidos los supuestos asesinos: Juan Manuel C., Víctor O. y José S., quienes eran declarados culpables. Uno de ellos comentó que, a la hora de ser sorpresivamente detenido en su casa, fue inmediatamente «cargado» con el crimen. Luego de eso fue consultado sobre quiénes eran sus amigos más cercanos en el barrio, al mencionar un par de nombres, la Policía de Investigaciones de Chile detendría a dos de sus amigos. Posteriormente, ya detenidos, fueron insultados, fuertemente golpeados, e incluso fueron electrocutados con el objetivo que se declararan abiertamente culpables de un crimen que no cometieron. Así, el 19 de enero de 1990 les fue adjudicado el rol de culpables, que fue ratificado por la entonces titular del Primer Juzgado del Crimen de Talca, Erika Noack Ortiz.
Cinco años pasaron para que, gracias a las gestiones de su abogado Roberto Celedón, estos jóvenes condenados fuesen absueltos y dejados en libertad, al comprobar que ninguno de ellos había estado ligado directa o indirectamente al lugar del crimen. Sobre esto, Gladys, la madre de la víctima, cree que los hechos de falsa acusación contra estos tres jóvenes inocentes fueron para despistar los procesos de la investigación y no dar con el paradero de los verdaderos culpables de tan macabro crimen, quienes al parecer serían personas que durante esa época poseían un alto estatus social.
Luego de la liberación de los inculpados, Celedón propuso ir a la Corte Suprema para exigir una indemnización para ellos por «error judicial». En la instancia, se emitió un informe favorable, pero la compensación fue negada. Investigaciones hizo un sumario: se determinó que el proceso estuvo viciado, aunque no se reconocieron apremios. El 30 de diciembre de 1996, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que propuso una salida amistosa: se acordó una pensión de por vida de tres sueldos mínimos y un acto de desagravio que se concretó el 22 de noviembre de 2001.
La investigación por el crimen de María Soledad se cerró tres años más tarde, sin responsables.
La rabia e impotencia perdura, tras décadas de injusticia, mentira e incertidumbre, son un sentimiento compartido por la comunidad maulina, que hasta el día de hoy espera respuestas (…) ¿Quiénes están detrás de este asesinato?, ¿quiénes han protegido por años a los verdaderos culpables? El poder del dinero fue tan grande que logró esconder frente a nuestras narices a los culpables de un horrible femicidio, dejando a una familia incompleta, y marcando la vida de tres inocentes para siempre.