El pasado domingo 29 de agosto, se cumplieron 26 años de un lamentable y doloroso accidente, ocurrido en el campo militar «El Culenar», en las cercanías de la ciudad de Talca. Aquel 29 de agosto, pero del año 1995, el Ejército de Chile invitó a distintos medios de comunicación locales y regionales a presenciar distintos ejercicios militares, entre los que se encontraban juegos militares, simulaciones de ataques terrestres, entre otras. La última gran demostración sería la exhibición de helicópteros artillados a baja altura, simulando una operación táctica evasiva.
Fue tal la cercanía con los invitados que se encontraban en el lugar, que una de las aspas del helicóptero alcanzó al camarógrafo de Televisión Nacional de Chile, Alejandro Valenzuela, dándole muerte inmediata. «Alcanzar», quizás habría que decir «cortar» o «cercenar», menciona una nota de prensa del extinto Diario El Centro talquino. También resultó gravemente lesionado, Juan Pablo Bahamondes, que era asistente de cámara del canal público. La escena, vista por todos sus colegas, dejó una profundo dolor en las comunicaciones de la región. Muchos de sus colegas aún no olvidan este fuerte episodio. Eduardo Corvalán, reportero gráfico de El Centro por aquellos años, se encontraba detrás de Valenzuela y Bahamondes al momento de la tragedia. Corvalán, mientras enfocaba hacia el helicóptero su antigua cámara análoga, evidencia con preocupación la extrema cercanía de la nave, llegando a lanzarse al suelo, escuchando de inmediato los ruidos y gritos de sus colegas, y la cámara de televisión completamente destruida. La tragedia ya era un hecho.
La justicia militar dijo que el Ejército no tenía responsabilidad alguna en el hecho. Acusaron que los profesionales no respetaron los límites de seguridad que «estaban establecidos y demarcados». La prensa, en cambio, decía otra cosa: la demarcación eran unas piedras blancas, y en ningún momento señalaron los protocolos de seguridad. El dato clave, que según testigos y relatos se logró comprobar, es que los profesionales de las comunicaciones siguieron a efectivos militares al lugar no habilitado.
Los tribunales civiles admitieron la responsabilidad de la institución militar por la falta de protocolos de seguridad. Por esta razón, a comienzos de los 2000, se determinaron millonarias indemnizaciones a las familias de Alejandro y Juan Pablo.